Bolivia frente a sí misma // Pablo Stefanoni
El asesinato del viceministro Rodolfo Illanes pone a
Bolivia frente a la radicalidad de sus formas de protesta y revive viejos
fantasmas de conflicto social.
El
conflicto entre el gobierno boliviano y los cooperativistas mineros no es
novedoso en su dinámica pero sí en su escala: la brutal muerte de un
viceministro a golpes, luego de ser secuestrado, causó conmoción en un país
acostumbrado a la radicalidad de las protestas sociales. Además, el crimen pone
en duda los avances en la creación de un «Estado fuerte», la meta de Evo
Morales desde 2006: ni siquiera durante la guerra del gas de 2003, que acabó
con el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, se llegó a una agresión semejante
contra un funcionario de tan alto nivel.
Como viceministro de Régimen Interior, y parte del
círculo presidencial desde 2006, Rodolfo Illanes fue a la localidad de Panduro
(185 kilómetros de La Paz) a negociar con los cooperativistas mineros, donde
fue retenido y luego asesinado a golpes mientras caían dos mineros víctimas de
la represión policial para desbloquear las rutas. «Ya no vamos a negociar con
él [por el ministro de Gobierno Carlos Romero], que presente su carta [de
renuncia]; si no, vamos a colgar a su viceministro y yo me voy a encargar»,
había declarado a la prensa uno de los líderes mineros en medio de los intentos
del gobierno de retomar el diálogo.
La dinámica bloqueos
de caminos-represión- enardecimiento-escalada de violencia es parte de las luchas sociales en
Bolivia. Pero desde su llegada al poder, el gobierno del Movimiento al
Socialismo (MAS) logró reducir los conflictos sociales, aunque hubo momentos
críticos como las movilizaciones contra el «gasolinazo» de 2010 o las protestas
contra la construcción de una carretera en el Territorio Indígena y Parque
Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) en 2011. En esa ocasión el Canciller David
Choquehuanca fue «retenido» por los indígenas y utilizado como escudo frente a
la policía, no obstante las cosas no pasaron a mayores. Pero hoy, a diferencia
de esos días, el gobierno enfrenta el desgaste político de la derrota en el
referéndum del 21 de febrero de 2016, con una pérdida significativa de apoyo en
las grandes ciudades. A ello se suma la baja de los precios de los minerales y
menores recursos en el Tesoro.
Estas cooperativas son uno de los tres grandes actores
de la minería boliviana junto con la estatal y la transnacional, y están
acostumbradas a disputar vetas de minerales de manera aguerrida e incluso
violenta, como quedó claro en 2006 con el enfrentamiento entre cooperativistas y mineros estatales con un saldo de
16 muertos.Sobrevivientes de la crisis de la minería estatal en los
años 80, las cooperativas crecieron bajo todos los gobiernos, pero lo hicieron
en mayor medida en esta década al calor del aumento de los precios
internacionales de los minerales. Los cooperativistas también participaron del
ciclo de luchas populares de los años 2000, y estuvieron entre quienes
impidieron, en Sucre, que asumiera un «neoliberal» tras la renuncia del
presidente Carlos Mesa en 2005. Ya durante la Asamblea Constituyente lograron
que un artículo de la nueva Constitución Política del Estado (2009) indique que
«El Estado reconoce y respeta los derechos pre-constituidos de las sociedades
cooperativas mineras, por su carácter productivo social».
Hoy los cooperativistas son unos 119.000 trabajadores,
frente a 8.000 de la minería privada y 7.500 de la estatal), aunque
su productividad es menor y su trabajo más artesanal. En un artículo titulado
«Cría cuervos», el exviceministro de Régimen Interior Rafael Puente escribió
que «las ‘cooperativas’ mineras no tienen nada de cooperativas; en realidad son
empresas, cuyos dueños son los llamados ‘socios’ (y ni siquiera todos) que
manejan y explotan a una enorme masa de obreros que no tienen ni seguro social,
ni seguro industrial, ni jubilación, ni nada. Y ni siquiera hablamos de las
mujeres y del trabajo infantil».
En efecto, aunque se use la figura de la cooperativa,
ello opaca un mundo de asimetrías y relaciones entre «socios» y peones, además
de contratistas y otros actores. «La cooperación se restringe a la reunión de
socios para acceder al yacimiento que luego parcelan, predominando el trabajo
individual de baja productividad y no la organización del trabajo con base en
la cooperación», señala el investigador Pablo Poveda Ávila en un artículo sobre
la historia del cooperativismo minero.
Una de las razones de las protestas actuales fue,
precisamente, rechazar una ley que permitiría sindicalizarse a los peones de
las cooperativas, lo que es rechazado por los «socios».Otra causa de la
radicalización del sector es el impedimento que tienen para suscribir acuerdos
con empresas para operar sus yacimientos. Y una tercera es la demanda de
flexibilización de las regulaciones ambientales. Por eso, el gobierno los acusa
de querer asociarse a las transnacionales y de ser patrones disfrazados de
cooperativistas. No obstante, eran hasta ahora parte del bloque político y
social «del cambio», e incluso consiguieron embajadores, diputados y senadores.
El primer ministro de minería de Evo Morales, Walter Villarroel, pertenecía a
la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) y su gestión potenció
el conflicto entre estatales y cooperativistas.
Una cuestión anexa a esta crisis es el uso de la
dinamita en las protestas. Hace unos meses, el gobierno la prohibió, pero más
tarde la volvió a autorizar dado que es parte de la identidad minera. El propio
vicepresidente, Álvaro García Linera, dijo hace un tiempo a un grupo de
estudiantes de Porco, Potosí, que «Si alguien de aquí a cinco a 10 años quiere
venir a quitar el petróleo, la electricidad, pónganse sus cartuchos de dinamita
y vayan a botarlos a patadas». «La dinamita es la esencia de los trabajadores,
sobre todo de los mineros; con ella podemos enfrentar a los gobiernos
neoliberales», señaló el secretario ejecutivo de la federación de fabriles,
Víctor Quispe, en mayo pasado al celebrar la abrogación del decreto que
prohibía su uso. Y el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana,
Guido Mita, también destacó la medida. «¿Cómo se llegó a recuperar la
democracia? Gracias al arma que tenemos los trabajadores en su conjunto para
defendernos de la derecha neoliberal». Pero como se ve con este conflicto, la
minería no solamente remite a las heroicas luchas de los trabajadores de los
socavones –como la Revolución de 1952 o las luchas por la democracia en los
años 70 y 80– sino a las disputas por la renta en un país fuertemente
corporativo y sostenido en una economía extractiva.
Que los cooperativistas sean parte del MAS tampoco es
una anomalía. El MAS es un partido de pequeños productores (más que de
comunarios) que incluye a cocaleros y comerciantes informales («gremiales»),
pero en este caso los intentos oficiales de fortalecer a la minería estatal
desataron diversas tensiones, que culminaron en la escalada actual.Ahora, tras
estos hechos luctuosos, posiblemente el gobierno emprenda cambios más profundos
en la minería. Por lo pronto, se anunció que los cooperativistas ya no contarán
con representación en la Corporación Minera Boliviana (Comibol).
Si bien muchas cosas se modificaron desde 2005, muchas
otras permanecieron con escasos cambios y una de ellas es la dificultad para
que los conflictos sociales puedan procesarse de manera institucional. Al mismo
tiempo, la dinámica del conflicto social boliviano muestra a menudo precariedad
estatal (por ejemplo, un viceministro que va con escasa custodia a negociar con
un grupo radicalizado) junto a una policía que suele ser letal a la hora de
despejar caminos, por una combinación variable entre armamento inadecuado o
escaso, fuerzas policiales insuficienteso temor a sectores sociales a menudo
armados con piedras o dinamita.
Si bien Evo Morales tuvo la autoridad para normalizar
en gran medida al país, sus principales escollos fueron sus propias bases, ese
«veto social» difícil de contrarrestar, más aún que la oposición de derecha a
la que pudo derrotar sucesivas veces en las urnas –y en las calles–. Una
ventaja que contó el gobierno en este caso fue que no se sumaron otros sectores
a las demandas de los cooperativistas, y que estos últimos cosechan escasa
simpatía social. Pero haría mal en leerlo en términos conspirativos en lugar de
abordarlo como un síntoma de un nuevo momento y como una amenaza a futuro. Otra
vez, un conflicto toma el carácter de guerra civil en pequeña escala, y esta
vez con una baja del entorno del Presidente.
Quizás el asesinato de Illanes marque un antes y un
después, sin que aún podamos dimensionar ese «después», es decir la forma en
que el gobierno utilizará este desborde para recuperar iniciativa y poder.
[Fuente:
http://nuso.org/]