Breve tratado sobre el apriete financiero // Mario Santucho
Foto: Sebastián Andrés Vricella |
Aunque no lo admita, Pedro Biscay es un
sobreviviente. Con su título de abogado recién estrenado recaló allá
por 2003 en el Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (Ceppas),
donde aprendió el oficio con Alberto Binder. Luego se desempeñó como
coordinador del área Fraude Económico y Bancario de la Procuraduría de
Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), junto a Carlos Gonella.
Y arribó al Directorio del Banco Central de la República Argentina (BCRA) a
fines de 2014, convocado por Alejandro Vanoli. Una carrera veloz y obsesiva por
descifrar los entreverados circuitos del delito financiero, la verdadera placa
madre de la democracia neoliberal.
Cuando el proyecto político al que tardíamente
terminó adscribiendo fue derrotado en las urnas, él permaneció en su puesto en
cumplimiento del mandato constitucional otorgado por el Senado de la Nación. Y
desde allí pispea, atónito, el regreso del tren fantasma del endeudamiento y la
fuga de capitales. Biscay es un sobreviviente de una época que no merece morir,
al menos no del todo, pero parece estar apagándose sin remedio; mientras
contempla con amargura el asomar de una era que no quisiéramos ver
despegar, aunque casi nada parece ponerle freno.
Lo que sigue es la transcripción de una larga
entrevista realizada en su despacho de Reconquista 266. Fue grabada el viernes
26 de mayo, el mismo día que la Cámara de Casación porteña rechazó su pedido de
recusación contra el juez Claudio Bonadío en la causa conocida como “dólar
futuro” y caratulada como “Banco Central de la República Argentina y otros
s/defraudación por administración fraudulenta”. Porque Biscay es uno de los 16
procesados en ese expediente judicial y ultramediático, que avanza ante el
asombro de una casta política que tira la piedra y luego esconde la mano.
Nuestro entrevistado se esfuerza para no parecer
abatido por el contexto. Y ensaya una interpretación orgánica de la madeja que
vincula el ajuste y la devaluación con las operaciones extorsivas
orquestadas desde el poder judicial: un mapa para entender el devenir
mafioso de las finanzas, y su arrastre sobre el conjunto de las
instituciones de una república éticamente en bancarrota.
Devaluación forzada de la moneda
La denuncia que da origen a este juicio fue
presentada el 30 de octubre de 2015, por Mario Negri y Federico Pinedo,
dirigentes políticos en ese entonces de la oposición, cinco días después de las
elecciones generales donde Cambiemos ganó la Provincia de Buenos Aires y se
proyectó hacia el ballotage. ¿Qué buscaban en ese momento?
La denuncia por la venta de contratos de futuro de
dólar encierra una operación política montada en el último mes y medio del
gobierno de Cristina Fernández con la finalidad de desplazar a Alejandro Vanoli
de la Presidencia del Banco Central de la República Argentina. ¿De qué manera?
Mediante una causa penal inventada para cuestionar su desempeño como presidente
del Banco. Cuando asumen las nuevas autoridades de Cambiemos, buscan una
refundación financiera orientada a despolitizar las finanzas. Lo que
puntualmente significa: proscribir en la medida de la posible el
financiamiento del Tesoro a través del Banco Central mediante el uso de adelantos
transitorios; y reducir fuertemente la base monetaria, que entre enero y marzo
del 2016 tuvo un ritmo de crecimiento negativo del tres por ciento, cuando la
tendencia desde el 2010 en adelante fue de crecimiento positivo, producto de
una determinada configuración política y de definición estratégica del rol del
Banco Central en la economía. La denuncia viene a poner fin a un ciclo donde el
Banco Central tiene una visión política y un rol a jugar con relación a la
generación de empleo, la inclusión social y la expansión de derechos. Por eso
la acusación fundamental es que el BCRA estaba politizado, que era una
chequera, porque en el fondo de lo que se trata es de romper los atisbos o
resabios de soberanía política que pueda tener la moneda argentina. Y de ahí el
cambio de semblante en los billetes que vienen ahora. De ahí, también, que se
piense exclusivamente en una tasa de interés de referencia dirigida a contraer
la economía y generar desempleo como política para bajar la inflación.
¿No había también un objetivo táctico e inmediato
en la denuncia, de forzar una devaluación por parte de la gestión anterior
antes de entregar el gobierno?
Sí, este es el otro elemento. Nosotros luchamos
contra la manifestación recurrente de corridas cambiarias. Fueron nueve las
corridas, fue un período de fuerte especulación financiera, una especulación
descomunal para desestabilizar el peso y para provocar una devaluación. De modo
que, si el mercado lograba imponerle la devaluación al gobierno kirchnerista,
sobre sus espaldas caería la responsabilidad por los costos salvajes en
términos de aumento de los precios, caída del salario y aumento de la
desocupación. De hecho, la narración sobre la pesada herencia que propone el
macrismo ha sido tan desprolija que ni siquiera puede sostenerse en términos
numéricos: tuvieron que maquillar el déficit para elevarlo al 7,1 por ciento
dejando de lado incluso la metodología prevista en el Manual del FMI; tuvieron
que negar la política de crecimiento del empleo informada según registro de aumento
de CUILes que marca 590 mil puestos creados en el sector privado y 280 mil en
el sector público entre 2010 y 2015; pero no pudieron ocultar que el país
creció un 2.1% el año pasado, incluso según informes del INDEC de estos meses.
Creo que la “pesada herencia” se construyó como relato sustituto ante la
confirmación de que no estábamos dispuestos a devaluar la moneda.
Una vez que el macrismo llega al gobierno, cambia
el sentido de esta causa. ¿Cómo y por qué?
Digamos que los usos políticos de esta causa mutan
cuando cambia la administración del Banco Central, porque la actual conducción
es responsable de la devaluación. La decisión de devaluar fue tomada
coordinadamente por el Ministro de Economía y el Presidente del BCRA, y se
instrumentó con la liberación del mercado de cambios a partir de la
Comunicación “A” 5850. Esa normativa se votó en el Directorio, con la oposición
de los tres directores que venimos de la anterior administración. Producida la
devaluación, los contratos cambiaron de signo; esto es, la compensación de un
contrato pagadero en pesos en el mercado de futuros que hasta ese momento daba
resultados positivos para el Banco Central, con ganancias que habían alcanzado
los 5.500 millones de pesos, se traduce en una compensación negativa que ahora
tiene que empezar a realizar el BCRA con relación a los tomadores de esos
contratos, entre los que hay empresarios que buscaban cobertura por operaciones
a plazo y otros que estaban especulando. Como te decía, este cambio de signo
implica que la causa empieza a mutar en sus usos políticos y se transforma
rápidamente en una herramienta para cuestionar la línea de política monetaria y
financiera que la administración del gobierno de Cristina Fernández llevaba
adelante. Lo que quieren es hacernos pagar a nosotros las consecuencias
políticas por no haber devaluado: el procesamiento es básicamente un castigo
anticipado por intervenir en el mercado de cambios. Por eso el juez, mediante
una interpretación que es disparatada y forzada por todos lados, involucra penalmente
a la ex presidenta. Llegados a este punto solicité la recusación del juez
Claudio Bonadío, por su manifiesta falta de imparcialidad. Es impactante el
modo en que obstaculizó el acceso a fotocopias y a presentar y producir prueba
de utilidad para dilucidar aspectos de la operatoria. Un disparate jurídico de
esta magnitud solo se sostiene sobre la base de denegar el derecho de defensa
en juicio.
Hay quienes creen que la causa se transformó en una
jugada personal de Bonadío, ya que algunos voceros del actual gobierno han
dicho que la acusación carece de fundamento: me refiero a Carrió, al propio
denunciante Federico Pinedo, y a ciertas voces periodísticas de los principales
medios empresariales.
Bueno, claramente hay una irresponsabilidad por
parte de ellos en hacer este tipo de operaciones políticas para romper la
estabilidad de mandatos que son definidos por voluntades constitucionalmente
establecidas. El mandato de un director del Banco Central requiere aprobación
del Senado de la Nación y se confiere por un tiempo determinado. Este
procesamiento por la causa de futuro de dólar implica, por ejemplo, un serio
cuestionamiento respecto de si el BCRA es un actor legítimo para fijar el tipo
de cambio en una economía; si es un actor legítimo o no lo es para determinar
una tasa de interés; y si el BCRA en última instancia es un actor legítimo para
emitir moneda y para regular el mercado y el sistema financiero en su conjunto.
Si preguntas, varios funcionarios de primera línea del Banco te dicen que
el fallo crea tanta incerteza que prácticamente impide ejercer políticas de
regulación de banca central sobre los mercados. De manera que, más allá que
quienes han originado esta denuncia terminen diciendo que no tenían previsto
que Cristina forme parte de la causa penal, hay un grado de irresponsabilidad
mayúscula en tanto no se piensa los efectos nocivos que judicializar una
política económica determinada genera en términos de estabilidad de un sistema
monetario. En síntesis, la causa penal y el procesamiento reflejan una
decisión política de alto nivel: no controlar ni regular las finanzas. Pero hay
una segunda cuestión que me parece clave y es que Cristina Fernández de
Kirchner aparece involucrada en esta causa penal de una manera forzada,
caprichosa e ilegítima, porque la operación tiene un alcance geopolítico. Esta
causa debe leerse en serie con otros ataques que en América Latina están
sufriendo los pueblos y sus organizaciones sociales y sobre todo los líderes
que han representado un proyecto de independencia política y económica de los
poderes imperiales. Esta causa es una persecución. No solamente una determinada
discrepancia con una política económica o monetaria, sino una persecución a
quien lideró un proceso político de independencia y que representa los intereses
de los sectores populares, con todas las limitaciones que pudo haber tenido ese
proceso en términos históricos. Y me parece que hay que poder leer también esta
denuncia penal, como una operación política que transcurre en paralelo a la
persecución y encarcelamiento ilegal de Milagro Sala, que es la diputada en el
Parlasur que representa al indigenismo y los sectores trabajadores del Norte
argentino, y que ha logrado construir una alternativa de poder
contra-oligárquico en Jujuy. Hay una línea de actuación muy precisa que busca
desarticular líderes populares en América Latina, porque se está buscando
dinamitar un proceso de independencia económica y crear las condiciones
para que nuestros países firmen los acuerdos de libre comercio a nivel mundial.
Es la vuelta del ALCA y en ese plan los sectores trabajadores ocupan un lugar
específico como mano de obra intensiva y no calificada.
Volviendo a la causa: durante las indagatorias el
juez parecía orientarse a acusarlos por asociación Ilícita, pero en el procesamiento
cambia la figura penal. ¿Por qué? ¿Y de qué, concretamente, se los acusa ahora?
Cuando Bonadío toma la primera indagatoria,
sorpresivamente aparece una imputación por asociación ilícita. Se dibuja de
forma encubierta, porque aparecen los rasgos típicos de esta figura que en el
derecho penal nació para perseguir a las organizaciones obreras. Nos imputaron
el haber actuado en forma planificada, organizada y sistemática, con una jefa
que daba las órdenes, organizadores que las ejecutaban y miembros que las
cumplíamos. Un disparate que consiste en travestir una unidad política
constitucional y democráticamente elegida en una banda criminal dedicada a
cometer delitos. Lo que estaba tratando de decir Bonadío es que quiere ver
presa a Cristina Fernández de Kirchner porque en la jurisprudencia argentina (y
más en la de su tribunal), la asociación ilícita siempre ha sido la figura
penal utilizada para encarcelar a alguien al momento de dictar su
procesamiento. ¿Qué pasó entre la primera indagatoria y el 13 de abril cuando
le corresponde declarar a la ex-presidenta? Se impuso en las calles una fuerte
movilización popular de apoyo a Cristina que marcó, me parece a mí, un punto de
inflexión, un cambio de dirección. Luego, al momento del procesamiento Bonadío
se echó atrás y dijo que el hecho de que hubiese descripto los elementos
típicos de la asociación ilícita no implicaba que la iba a imputar
necesariamente por ese delito.
¿Y en el procesamiento, finalmente, de qué se los
acusa?
La acusación es por administración infiel agravada
en perjuicio de una administración pública. Un delito contra el patrimonio, que
implica quebrantar el mandato de administración de un patrimonio ajeno,
mediante la generación de un daño concreto o generando un aprovechamiento o un
beneficio a favor de un tercero. El mismo delito por el que tienen presa a
Milagro Sala, el mismo delito que encuadró la investigación por la deuda
externa en la Argentina y por muchos otros delitos económicos cometidos por
bancos y entidades financieras, como el caso Moneta o el Megacanje. El registro
de presos por este delito es muy finito, sólo Milagro Sala está presa. No es
curioso este dato, revela la condición de clase del sistema de justicia.
Puede decirse entonces que, de hecho, la causa
empezó a morir con este cambio entre la indagatoria y el procesamiento.
Bajó de precio un poco la causa y me parece que
quedó a las claras lo descabellado que resulta meter por la ventana a la ex
Presidenta y también al ex ministro de Economía. La imputación por
administración fraudulenta es descabellada porque no hay una violación a los
intereses confiados. Haber devaluado la moneda, como lo pretendieron con esta
causa, hubiese implicado violar ese mandato de confianza. Yo no tengo ninguna
duda respecto de que la administración que llevamos adelante se encargó de
custodiar el valor del peso frente a una embestida devaluacioncita que buscaba
alterar esos valores, con un impacto directo que se ve hoy en los salarios que
cayeron abruptamente. Argentina tenía el nivel de salarios más alto en América
Latina cuando terminó el mandato de Cristina: 622 dólares. Y hoy cayó a 418
dólares aproximadamente. Cayó un 33%. Entonces, nosotros cumplimos con un
mandato que teníamos de proteger al país de una devaluación y de generar
inclusión social. Ese mandato está atado a una determinada atribución
constitucional que nuestra Carta Magna pone en manos del Congreso, quien tiene
la función de fijar el valor de la moneda local y la extranjera, vía el
Banco Central. En este sentido Bonadío opera como representante de los sectores
económicos a los cuáles les molesta que el Estado intervenga en la economía
fijando, por el mecanismo técnico que sea, el precio de todas las relaciones
comerciales. Se nos acusaba de que el tipo de cambio estaba retrasado y eso
tornaba a la economía poco competitiva; sin embargo, la devaluación no mejoró
los términos de competitividad de la Argentina: durante el primer cuatrimestre
de este año las exportaciones fueron levemente menores respecto del primer
cuatrimestre de 2015.
Dólar delivery: de Redrado a Bonadío
Sin embargo, queda la idea de que el manejo que
hicieron específicamente con el dólar a futuro fue ruinoso, y eso habilitaría
la acusación por administración infiel.
No creo para nada que exista un daño aquí que
permita justificar un procesamiento por el delito de administración infiel.
Fijate el siguiente aspecto que muestra la mutabilidad de las funciones o de
los usos políticos de esta causa: cuando el proceso arrancó se nos acusó, e
incluso está puesto por escrito en la denuncia, de que estábamos haciendo
negocios para el sector privado, es decir que beneficiábamos a grupos
económicos. Bastó con comprobar que quienes habían comprado futuros eran
funcionarios de la administración del actual gobierno, e incluso funcionarios
que fijaron el precio de los contratos en el re ajuste de precios, para
que ese argumento desaparezca del mapa, desaparezca de la escena. Esta es la
otra razón por la que cae la idea de una asociación ilícita, porque se demostró
por los hechos objetivamente constatados, que no existía un contubernio entre
la administración anterior y específicos actores del mercado. Creo que los
medios esperaban, cuando se publicó la lista, encontrarse del otro lado a
Cristina, a familiares de Vanoli, o mios, no sé. Pero no estábamos nosotros del
otro lado, los que estaban eran los funcionarios que conforman el actual
gobierno. Ahora hay un fiscal y un juez que tienen que investigar si manejaban
información privilegiada, porque en realidad el único contubernio que existió
fue entre el mercado y la actual gestión política. Y digo que era un
contubernio porque si pensaban devaluar no tendrían que haber tomado posiciones
en contratos de futuros. Entonces, rápidamente, ese argumento lo dejaron de
lado. Pero ese hecho también pone en duda la acusación por “administración fraudulenta”,
porque esta última tiene más peso cuando se utiliza o se comete el delito para
beneficiar un tercero.
Insisto con algo: ¿existe un daño producido al
Banco Central por la operación que hicieron con el dólar a futuro?
No existe. El balance del Banco Central que
acaba de ser aprobado hace pocos días por el directorio refleja resultados
positivos. Su patrimonio neto es positivo, nuestra gestión cerró el 2015 con un
total de 177.346 millones contra 108.315 millones de 2014. Te leo: las
utilidades del BCRA fueron 147 mil millones en 2015, frente a 78 mil millones
de 2014. O sea, un 88 por ciento más. Pero hay más, para que tomes una
dimensión de lo inconsistente que es la acusación: mientras las erogaciones
monetarias ocasionadas por la devaluación en lo referido a las operaciones de
futuros fueron de un poco más de 42 mil millones, la revalorización de los
activos dolarizados arrojó una ganancia de casi 251 mil millones. ¿Se entiende
en qué sentido el balance de un Banco Central es dinámico?
¿Y este balance lo aprobó el actual directorio del
BCRA?
Hace apenas unos días. Pero quiero ir más allá: la
discusión de fondo es también si un Banco Central puede o no registrar pérdidas
contables. Toda política tiene un costo de implementación, genera consecuencias.
La política monetaria también. La política de futuros de dólar generó,
obviamente, consecuencias que se registran a nivel de balance. De hecho, el
balance de un Banco Central, incluso desde la concepción de la Reserva Federal
de los Estados Unidos, es en sí mismo un instrumento de política monetaria.
Esto es, un Banco Central puede utilizar su balance como herramienta de
política. La cuestión es si un balance presenta un patrimonio neto que
decrece: ¿implica necesariamente que se está causando un perjuicio al
Banco Central? ¿Ese perjuicio es jurídicamente relevante? ¿Es posible evaluar a
un Banco Central con los criterios de una empresa comercial? ¿El objetivo de un
Banco Central es tener ganancia o rentabilidad? No, un Banco Central regula la
política monetaria y la política financiera, y su objetivo es dar estabilidad,
ir contra la corriente. El balance de la Reserva Federal de Estados Unidos,
cuando se produjo la crisis de 2008, mostró un crecimiento descomunal de los
activos y pasivos porque la FED tuvo que salir a rescatar las
hipotecas-basura de la crisis subprime. Compró los créditos, emitió
letras del tesoro para amortiguar los efectos negativos de la crisis, y eso se
vio reflejado en el balance. El presidente de aquel momento de la Reserva
Federal, Ben Bernanke, sostuvo que el balance del Banco Central se ponía en
juego para administrar la salida de una situación crítica, diciendo incluso que
la compra de estos activos basura no generaba (pese al aumento descomunal) un
“riesgo de crédito” para la FED. Te pongo otro ejemplo, en el año 1992 se
produjo en Inglaterra una corrida descomunal contra la libra esterlina. El
Banco de Inglaterra llegó a perder 3.300 billones de libras para parar una
crisis devaluatoria contra la moneda mientras que Georges Soros ganó miles de
millones de dólares vendiendo posiciones de corto plazo de esta divisa. Sin
embargo, esto no implicó una discusión sobre si el Presidente o el board del
Banco de Inglaterra era responsable penalmente por haber gastado la cantidad de
libras esterlinas que gastó para frenar una devaluación que finalmente no logró
frenar. La política de emisión de Lebac, con una tasa del 38 por ciento,
también tiene consecuencias, porque implica aumentar el déficit cuasi
fiscal del Banco Central en función de una deuda con el mercado financiero y
hasta con los consumidores que invierten en este título. La cantidad de Lebac
colocadas en el mercado casi iguala la base monetaria, con lo cual la
presión de esa deuda cuasi fiscal es poderosísima. ¿Esto implica que el Banco
Central está sufriendo un deterioro contable en su patrimonio o en su balance
por los pagos comprometidos? Yo creo que no, porque forma parte de la política
que hoy el Banco lleva adelante con un fin determinado. La política de Lebac
con una tasa tan alta sí tiene consecuencias sobre la economía real porque
implica enfriar los niveles de actividad económica e implica, también, aumentar
los niveles de tasa de interés de toda la economía, con lo cual, deteriora la
actividad productiva.
Un argumento que utiliza el juez es que los dólares
a futuro que se canjeaban a 10 u 11 pesos en Buenos Aires podían venderse
a 14 en Nueva York. ¿Eso es verdad?
Eso es falso. Pero más importante es lo siguiente:
también es falso lo que sostiene Bonadío, y que en su momento plantearon
quienes orquestaron esta operación política, de que el precio del mercado de
los contratos de futuro se define por una referencia del exterior, el NDF.
El Non-Delivery Forward no es un mercado sino un tipo de
contrato que se pacta en el exterior entre un banco y un cliente, que no está
institucionalizado ni responde a reglas preestablecidas. Es bilateralidad pura,
donde las partes acuerdan las cláusulas de forma privada. Además, el NDF
es una operatoria que se llama “over the counter”, OTC, es decir que no hay un
mercado institucionalizado que regule las relaciones jurídicas comerciales y
financieras que tienen allí lugar. Mientras que el mercado donde nosotros
operamos, el ROFEX, sí está institucionalizado y regulado, además de operar en
pesos a diferencia de los NDF que son contratos pagaderos en dólares. El precio
de un mercado se determina en el ámbito en que las operaciones se realizan y no
en otro. Las operaciones realizadas en el ROFEX nunca fueron atacadas ni
nulificadas porque eran válidas. Por otro lado, la intervención del BCRA
siempre es regulatoria, es decir que obedece a esa finalidad.
¿Y por qué hay tanta diferencia entre un precio y
otro?
Bueno, el precio de un mercado de futuro en la
Argentina se define por el precio del tipo de cambio, el dólar presente, más
una tasa de interés. Ese valor es el precio del mercado de futuro de dólar, el
que rige ese contrato de dólar a futuro. Históricamente, el precio del mercado
del ROFEX, donde interviene el Banco Central, define su precio siguiendo esta
fórmula que te comento. Luego, el NDF se acopló siempre al nivel de precios del
ROFEX excepto en dos momentos. En 2008, con la crisis financiera internacional,
hubo un período muy cortito en que se despegó el NDF del Rofex; en esa ocasión
Martín Redrado intentó “traerlo”, es decir intervino vendiendo contratos en el
NDF, como la denuncia de Bonadío sugiere que debíamos haber hecho nosotros,
pero le fue mal, no lo logró y dejó de hacerlo. Luego, disipada la turbulencia
financiera, el precio se acomodó. El segundo momento cuando el NDF se
autonomiza del ROFEX es en 2015, durante el mes previo a las elecciones,
especialmente en el marco del ballotage. Queda más que claro que se trató de un
ataque especulativo con intenciones políticas, y que nuestra tarea consistió en
resistir esa corrida, sosteniendo el precio pactado en el ROFEX. Otro punto
para mostrar hasta qué punto lo que sostiene el procesamiento es inconsistente,
es que la participación del Banco Central en el mercado del Rofex no es del
cien por ciento de los contratos sino que es del 36 por ciento. Los contratos
que vendió el Banco Central fueron el 36 por ciento de los que se celebraron,
es decir no fue el único vendedor en el mercado, como se sostiene en la
denuncia.
En la foto del presente, entonces, podemos decir
que ese ataque especulativo comandado desde el NDF fue exitoso, pues logró
doblegar a la moneda argentina forzando su devaluación.
Se habría disipado sí no devaluaban la moneda. De
hecho nosotros teníamos un plan de convergencia de precios de futuro de dólar
con los ajustes parciales al tipo de cambio que veníamos realizando. Esa
convergencia se producía al mes de junio a un precio que rondaba los
11,39. Otro punto que muestra lo miserable de esta denuncia es cuando
sostiene que habían actores que compraban acá en el ROFEX, se daban vuelta y
vendían allá en el NDF. Eso también es falso, porque el Banco Central tenía
controles a la circulación de capitales y solamente se podía vender o girar
plata al exterior si se contaba con autorización previa. Con lo cual, no es
cierto que se compraba acá un contrato y se lo vendía en el exterior. No había
ningún arbitraje posible entre el mercado de futuros locales y el mercado de futuros
de Nueva York. Quienes dicen esto tratan de confundir haciendo pasar un
análisis de portafolio por un arbitraje de activos financieros.
Altas mafias de interés
Te propongo que nos pongamos un poco cínicos y
asumamos como inevitable esta politización de la justicia: “bueno, dejémonos de
llorar por un rato”. El gobierno anterior fue derrotado políticamente y el
rumbo económico cambió radicalmente. La pregunta sería entonces: ¿qué tipo de
autocrítica se pueden hacer teniendo en cuenta esta dura derrota?
Desde el lugar donde yo he aportado, lo primero que
debe explicitarse en un esbozo de autocrítica es el contexto en el que
actuamos: la pelea que nosotros dimos contra cierta concepción de las finanzas
estuvo articulada fuertemente por la agenda de los fondos buitre, en un
contexto donde la Argentina fue forzada a entrar en un escenario de default
creado por un Juez de los Estados Unidos, impidiéndole al país pagar sus
compromisos internacionales con los acreedores reestructurados, lo cual impactó
en el funcionamiento del sistema financiero dificultando la toma de créditos y
elevando las tasas de interés. Asumiendo esa complejidad y esa limitación, me
parece que llegamos tarde a la discusión sobre el sistema financiero. Creo que
el kirchnerismo llegó tarde a discutir el sistema financiero. Esta discusión
debería haberse planteado mucho antes, y creo que todavía hay cuestiones claves
que están pendientes como discusión política a futuro. El sistema financiero
argentino es profundamente dependiente de las finanzas internacionales, rechaza
fuertemente las políticas de supervisión financiera, de control de la actividad
ilegal de la banca y de las finanzas, y es un sistema financiero que orienta
poco el crédito. La gran discusión que tenemos por delante es cómo profundizar
la implementación de las reformas que se lograron con la Carta Orgánica, y que
fueron un avance muy significativo; a su vez, avanzar con las reformas a las
ley de entidades financieras que abre la pregunta respecto a qué sistema
financiero queremos y qué condiciones de funcionamiento no queremos volver a
reproducir. Primero, necesitamos una política financiera y de créditos que
apueste fuertemente al impulso de la banca pública y nacional, para evitar la
dependencia financiera de lógicas globales y de organismos internacionales.
Segundo, es fundamental diferenciar tasas de interés por sectores productivos,
apostando a controlar los niveles de las tasas. Tercero, queremos un sistema
financiero que esté fuertemente supervisado, tanto en términos de liquidez, de
solvencia, como de participación de la banca en actividades delictivas.
Tendríamos que haber introducido antes esta discusión en Argentina y por eso,
si bien la reforma de la Carta Orgánica en el 2012 fue muy significativa, no se
logró avanzar en la implementación de políticas claves, como las referidas a la
orientación del crédito. Claro que la línea de créditos para la Inversión
Productiva fue un gran ensayo y hay que seguir defendiéndola, pero fue muy
resistida por el mercado. Quienes conducen hoy la administración del Banco
Central tienen una visión orientada a profundizar más aún la participación de
las finanzas en el producto bruto, pero si nosotros hubiésemos logrado una
mayor contundencia, una mayor raigambre de las políticas de orientación del
crédito, hoy sería más difícil de cuestionar lo que considero nuestro aporte.
No estoy tan seguro que profundizar la incidencia de las finanzas en el
producto bruto mejore la calidad de vida de la sociedad. No estoy tan seguro de
que estén dadas las condiciones para que la inclusión financiera no sea
expulsiva. Los niveles de tasa de interés en las periferias del sistema
financiero, en los proveedores no bancarios son salvajes y predatorios. Muy
poco se hace desde la supervisión para regularlos.
En ese sentido, ¿qué tipo de actores son los que
impiden un cambio en la orientación política de las finanzas?
Bueno, en primer lugar están los sujetos de las
finanzas globales, de los que ya hablamos sobradamente. Los bancos tampoco han
sido muy amigos de acompañar una política de orientación del crédito.
Orientar el crédito significa fundamentalmente establecer prioridades de
financiamiento y diferenciales en la tasa de interés, para que ciertos sectores
productivos o ciertas actividades específicas tengan tasas de fomento o tasas
amigables al dinamismo de la actividad productiva, a la realidad de cada
sector. Hoy, en el contexto de ajuste y recesión, las Pymes necesitan todo el
apoyo del Estado con políticas de estímulo y tasas subsidiadas. Creo que otra de
las grandes críticas para hacerle al sistema financiero argentino es que ha
puesto mucho énfasis en el financiamiento al consumo como correlato del poco
énfasis puesto en la producción. La actividad de consumo ha estado fuertemente
financiada y ha desarrollado una red, muy compleja y muy opaca a la vez, de
financierización de los sectores populares, que son justamente los más
vulnerables frente a las finanzas, los que sufren de forma completamente
desigual las condiciones o las lógicas de funcionamiento de las finanzas.
Porque los sectores populares tienen que pagar una tasa del 150 por ciento o
200 por ciento por un crédito, mientras los sectores de la clase media y alta
por el mismo crédito y para comprar el mismo producto operan con una tasa de
interés que estaba en el orden, antes de la desregularización de las tasas de
interés, del 30/35 por ciento. La expansión de redes de financiamiento ligadas
a la industria de los proveedores no financieros, de las entidades para
consumo, de las bancas especializadas, de las mutuales que dan créditos, de las
cooperativas crediticias, permitió expandir una dinámica de desarrollo de la
actividad financiera en la cual los sectores populares quedaron atrapados a los
modelos de tasas de interés más usurarios, encima atrapados por los códigos de
descuento sobre el salario. Y la banca, en vez de expandirse con los mecanismos
tradicionales de una banca pública bien desarrollada y cercana a la gente,
quedó acotada.
Vos sos uno de los tres sobrevivientes de la
gestión anterior: ¿hay algún tipo de solidaridad por parte de tus compañeros de
Directorio en esta causa judicial que parece tan arbitraria, y cuyos argumentos
en el futuro podría ser usados también contra ellos?
Yo no me consideraría un sobreviviente. Los tres
que estamos aún somos directores con mandato otorgado por el Senado de la
Nación, conforme una Carta Orgánica que fija plazos para el cumplimiento de
esos mandatos que son distintos al que establece la Constitución Nacional para
el cargo de una función presidencial. Por lo tanto, somos directores que
venimos de una administración anterior y tenemos nuestra propia visión sobre el
funcionamiento de la política monetaria y la política financiera del Banco
Central. Así nos hemos presentado en el directorio y así trabajamos, con esa
visión crítica sobre las políticas económicas implementadas por esta gestión
del Banco Central, porque ya conocemos las consecuencias de estas políticas. El
núcleo de este diferendo hoy en día se relaciona con la propensión del nuevo
gobierno al endeudamiento financiero y el financiamiento de la fuga de
capitales que son, creo yo, los dos grandes vectores que articulan la
organicidad de las relaciones financieras en la actualidad.
¿Pero en la institución hay conciencia sobre lo que
implica esta causa? ¿Se discutió este tema en el Directorio, por ejemplo?
Bueno, la devaluación la produjeron las actuales
autoridades del banco. Además, hay funcionarios que antes del diez de diciembre
eran empresarios y habían comprado futuros y actualmente deciden parte de la
política económica y financiera del país; ellos están involucrados en otra
causa penal por esta misma historia. Lo cierto es que todos han notado que el
procesamiento de Bonadío abrió escenarios y consecuencias hacia distintos
vectores, entonces se introducen reaseguros adicionales cuando se trata de
tomar hoy en día una decisión de política económica que puede implicar incurrir
en alguno de los estándares que Bonadío considera que pueden ser factores
delictivos, como puede ser fijar una tasa de interés o intervenir en un
mercado. Es en ese nivel donde hemos debatido el tema.
Siendo vos un procesado en esta causa, que a su vez
ocupás tu lugar en el Directorio, ¿que reflexión te surge sobre las garantías
constitucionales que en tu caso personal están siendo puestas en juego, con
consecuencias concretas sobre tu persona y sobre tu futuro?
La Cámara de Casación acaba de rechazar mi
recusación al juez, con lo cual la causa va a proseguir seguramente. Yo
recurriré ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero la causa
avanzará como reflejo de una profunda crisis democrática que hay en Argentina.
El hecho de que no se discuta este tema en el Directorio tiene que ver con que
quienes denunciaron una maniobra que era absolutamente absurda quedaron ahora
manchados por los efectos no previstos de judicializar una política monetaria.
Pero, me parece, en el fondo hay una profunda crisis en la democracia que tiene
que ver con naturalizar operaciones judiciales como un recurso para intervenir
la política económica de un gobierno; que tiene que ver también con usar causas
judiciales para perseguir políticamente una determinada idea de país, con
fuerte tono independentista y latinoamericano. Este es una causa emblemática
porque es un caso contra el Estado de derecho. No hay argumentos jurídicos para
justificar siquiera aparentemente un procesamiento, y cualquier argumento que
se utilice tiene como objetivo maquillar esta operación política, como por
ejemplo sostener que el Banco Central no puede intervenir en la fijación del
tipo de cambio, que es lo que está implícito en la afirmación de Bonadío cuando
dice “Cristina Fernández de Kirchner estaba obsesionada con el tipo de cambio,
con el dólar en Argentina”. Y claro que estaba obsesionada, y está muy bien que
lo estuviera, porque la historia argentina muestra cómo el dólar ha sido uno de
los factores de desestabilización más potentes de nuestra economía, es el
mecanismo de transmisión de los golpes de mercado. Si esta causa realmente
investiga un delito o no, a nadie le importa. Y a “la política” menos. Lo que
importa es que la causa despliega usos políticos. Y desde ese punto de vista,
me parece a mí, algunos jueces hacen suya la dimensión mafiosa de las finanzas.
Y de ese modo, la dimensión mafiosa del poder judicial se vuelve más explícita.
No alcanza con decir que hay jueces mafiosos, o que hay banqueros mafiosos: es
la dinámica de funcionamiento de las finanzas contemporáneas la que impone
parámetros mafiosos. Porque es extorsiva: ponés la tasa de interés por las
nubes o te provocan una corrida cambiaria. Esta es una lectura política de las
inferencias de correlación de variables entre el tipo de cambio y la tasa de
interés. Si esta última está en niveles bajos, el primero sube. Entonces,
tenés que subirla para que el dólar no vuele y con él no vuele la economía por
el aire.
Lo que se está discutiendo es la posibilidad misma
de una soberanía política que sea capaz de regular dinámicas corporativas y
ponerle límite a los intereses de los especuladores.
Lo que se discute es exactamente eso. La conclusión
de esta causa penal, en última instancia, es que nos castigan porque nosotros
no devaluamos la moneda. No es casual, porque se trata de la primera vez que en
Argentina se pudo parar una corrida cambiaria, que en realidad fueron varias
corridas cambiarias. Se nos criminaliza por haber cumplido con una función que
es lógica. ¿Qué tiene que hacer un Estado soberano cuando atacan su moneda para
forzar una devaluación? Nuestra convicción es que el Estado tiene que parar la
devaluación, porque si no: ¿quién la para? No la para nadie y entonces pierden
los asalariados y ganan los señores de las finanzas.
Fuente: revistacrisis.com.ar