La Ciudad de la Furia
por Diego Tatián
Los motivos superficiales que permiten explicar el
desencadenamiento de las horas de furia vividas en Córdoba desde la noche de 3
de diciembre y a lo largo de los días siguientes remiten a un acuartelamiento
policial por reclamos salariales. Debido a ello, Córdoba se transformó en una
inmensa zona liberada para el saqueo -del que durante esas horas serían objeto
más de mil comercios-, que en su comienzo nada tuvo de espontáneo y más bien
permite presumir una vendetta contra el poder político que no pudo mantener el
negocio ilegal de estupefacientes coordinado por la misma policía, tras una
investigación periodística de Tomás Méndez por el canal de la UNC. Luego de contundentes testimonios exhibidos en
el curso de esa investigación y del paciente trabajo del fiscal Enrique
Senestrari, debieron renunciar el Ministro de Seguridad delasotista Alejo
Paredes (discípulo del “Tucán” Yanicelli, símbolo de la represión ilegal en
Córdoba durante el terrorismo de Estado, actualmente condenado a prisión
perpetua) y el Jefe de la Policía Ramón Frías, en tanto que el titular de la
Dirección de lucha contra el narcotráfico de la Policía Rafael Sosa se
encuentra preso.
Los motivos que permiten comprender lo sucedido en su
significado más profundo son otros, y remiten a una Córdoba fragmentada con
grandes sectores sociales sumidos en el abandono por parte del Estado; a la
ausencia de planes sociales y políticas de integración educativa, urbanística y
cultural en favor de un dispositivo represivo sistemático que genera representaciones
criminalizadoras de extensas barriadas populares sometidas al continuo acoso
policial ya no sólo en las calles sino también desde el aire: las noches de
Córdoba son cotidianamente alteradas por el patrullaje de helicópteros con potentes
reflectores en busca del delito, cuya sensación de inminencia contribuyen a
producir en una población que parece haberse acostumbrado a ellos como si se
tratara de la cosa más natural.
Pero esta política -o más bien ausencia de política-
no es sin resistencia. La manifestación popular más masiva de la ciudad
-excepción hecha de la marcha de los 24 de marzo- es lo que se conoce como la
“Marcha de la gorra” contra la represión policial y por la derogación del
Código de Faltas (una ley provincial que permite a la policía regular decenas
de contravenciones). Coordinada por el Colectivo de Jóvenes, la Marcha de la
Gorra convoca a agrupaciones sociales y
políticas que demandan la vigencia de derechos civiles elementales como la
libertad de circulación de todos los habitantes por igual o el derecho de
defensa por un abogado, que el Código de Faltas autoriza a conculcar de manera
abiertamente inconstitucional.
El conservadurismo provincial del cual el gobernador
es emblema buscará hacer creer que los episodios del martes y el miércoles son
la corroboración de lo que sucede cuando la policía deja de cumplir con su
función represiva; buscará activar el deseo de seguridad y las pasiones que le
son contiguas (el miedo, la desconfianza, la paranoia, el odio del
desconocido…) para reclamar un endurecimiento del control social y la violencia
de clase que actualmente ejerce. El trabajo de la política por revertir esa
condición imaginaria del otro como delincuente nato o enemigo natural es la vía
más corta -sin que ello signifique que sea corta- para comenzar a confrontar la
violencia estructural en la que Córdoba se halla incursa desde hace mucho
tiempo.