Hacia un nuevo ciclo de luchas en América Latina
Por Raúl Zibechi
«Los pobres organizados en movimientos desarticularon las
viejas gobernabilidades», sostiene el autor, que considera que los actuales
gobiernos progresistas de la región serían incomprensibles sin aquel ciclo de
luchas. Observa y presenta multitud de datos del repunte de un nuevo ciclo,
centrado en la minería, los monocultivos y la especulación urbana que cree
profundizará los cambios iniciados hace más de una década.
Cada vez que los sectores populares lanzaron desafíos
profundos a las clases dominantes, consiguieron modificar el escenario
político, tanto a escala regional como en cada uno de los países integran la
región. En la década de los sesenta y parte de los setenta, fueron demandas
obreras, campesinas y estudiantiles por derechos democráticos que se
defendieron con tanta intensidad que hicieron tambalear las estructuras de
poder y se saldaron, en general, con la instalación de regímenes autoritarios
alineados con Estados Unidos.
Movimientos campesinos en Brasil, Paraguay, Perú y
Bolivia; levantamientos obreros en Argentina (los célebres Cordobazo y Rosariazo),
mineros en Bolivia y de todos los sectores populares en Chile, cuya potencia
puede expresarse en un solo dato: en 1970 cerca de la mitad de la ciudad de
Santiago estaba «tomada» por pobladores que autoconstruían barrios, viviendas y
servicios. Algo similar sucedía en otras capitales, conformando un amplio
desborde popular desde abajo que sólo pudo ser contenido con represión y
muerte.
Dos décadas después, cuando el modelo neoliberal hizo
estragos entre los sectores populares y las capas medias, comenzó un nuevo
ciclo que volvió a modificar el escenario político de la región, pero en
sentido inverso, desgastando a los partidos tradicionales y facilitando así el
acceso a los gobiernos de fuerzas progresistas y de izquierda. El punto de
partida de este ciclo de protestas suele considerarse el Caracazo de febrero de
1989, el levantamiento masivo y macizo de la población de Caracas contra un
paquete de alzas de precios decretado por el socialdemócrata Carlos Andrés
Pérez (amigo personal de Felipe González).
El gobierno lanzó a los militares contra la población.
Según las diversas fuentes masacraron entre 400 y tres mil personas, sobre todo
en los cerros, los barrios más pobres de la capital. Fue el comienzo del fin
del bipartidismo venezolano que despejó el camino al triunfo electoral de Hugo
Chávez en 1998. Luego suceden una decena de insurrecciones populares en Ecuador
(donde cayeron tres presidentes), en Bolivia (dos «guerras» por el gas y una
por el agua), en Argentina, Perú y Paraguay, además de importantes
movilizaciones en Brasil, Chile y Uruguay. Este impresionante ciclo popular
puso a la defensiva tanto a las derechas como a las burguesías aliadas de
Washington y modificó el escenario político por lo menos durante una década.
Los actuales gobiernos progresistas de la región
serían incomprensibles sin este ciclo de luchas que desbordó las instituciones
existentes, tanto las estatales como las políticas. Los partidos que gobiernan
Bolivia, Venezuela y Ecuador, por ejemplo, no existían antes que los pobres
organizados en movimientos desarticularan las viejas gobernabilidades. A
diferencia del ciclo de los sesenta, donde se registró un fuerte protagonismo
de las guerrillas y los partidos comunistas, en el de los noventa los
movimientos fueron capaces de auto-organizarse en base a sus comunidades
territoriales en campos y ciudades. Mientras el primer ciclo fue protagonizado
por obreros, campesinos y estudiantes, en el segundo jugaron un papel destacado
los indígenas y los pobres urbanos y rurales, los llamados «marginales» por la
sociología y parte de las izquierdas.
Ante nuestros ojos está despuntando, al parecer, un
nuevo ciclo de protestas y movilizaciones. La resistencia está centrada en la
minería y los monocultivos, en particular la soja, así como en la especulación
urbana, o sea en los diversos modos que asume el extractivismo. Según el
Observatorio de Conflictos Mineros en la región hay 197 conflictos activos por
la minería que afectan a 296 comunidades. Perú y Chile, con 34 conflictos cada
uno, seguidos de Brasil, México y Argentina, son los países más afectados.
La resistencia es particularmente potente en Perú,
donde el 25% del territorio fue concesionado a multinacionales mineras. La
conflictividad hizo caer dos gabinetes del gobierno de Ollanta Humala, llevó a
la militarización de varias provincias y provocó la muerte 195 activistas entre
2006 y 2011. El proyecto Conga de minería aurífera en el norteño departamento
de Cajamarca, sigue paralizado por la contumaz resistencia de miles de
comuneros que acampan en las lagunas para impedir su contaminación.
La cordillera andina registra importante actividad
anti-minera en Chile y Argentina. La canadiense Barrick Gold, la principal
productora de oro del mundo, se vio forzada a suspender su proyecto Pascua Lama
en la frontera entre Chile y Argentina, por la presión social que forzó
decisiones judiciales adversas. La minería no sólo contamina sino que fuerza la
construcción de mega-represas hidroeléctricas para sostener el elevado consumo
de energía que requieren.
La resistencia a la soja, el principal cultivo
transgénico en la región, se está haciendo sentir con fuerza en Argentina.
Primero fueron las Madres de Ituzaingó que ganaron un juicio contra productores
y fumigadores que provocaron muertes y enfermedades en la localidad de seis mil
habitantes del sur de Córdoba, rodeada de campos de soja. Un pequeño grupo de
madres descubrieron que los índices de cáncer son 41 veces superiores al
promedio nacional, porque el agua que consumen está contaminada con plaguicidas
por las fumigaciones aéreas. El 80% de los niños de Ituzaingó tienen
agroquímicos en la sangre y el 33% de las muertes son por tumores.
Estos días Monsanto debió paralizar la construcción de
una enorme planta cerca de Córdoba, donde pretende instalar 240 silos de
semillas de maíz transgénico con el objetivo de llegar a 3,5 millones de
hectáreas sembradas. Decenas de militantes acampan frente a las entradas de la
planta en construcción y durante un mes impidieron el ingreso de camiones con
amplio apoyo de la población. La cuestión ambiental está instalada en toda la
región, pero lo novedoso es que ya no sólo se denuncia sino que se empiezan a
conseguir victorias.
En Chile los estudiantes y los mapuche han conseguido
un amplio apoyo a sus demandas. En Colombia se registró, entre agosto y
setiembre, la mayor movilización campesina en décadas contra las consecuencias
del TLC con Estados Unidos. El paro agrario nacional movilizó a miles de
productores de alimentos que atraviesan una profunda crisis que los está
forzando a abandonar tierras y cultivos. Sus movilizaciones confluyeron con los
camioneros, los pequeños y medianos mineros y con una parte de la población
urbana insatisfecha, como los trabajadores de la salud y la educación.
Finalmente, en junio estallaron las ciudades
brasileñas. Luego de un intenso mes donde millones de manifestantes ocuparon
las calles en 140 ciudades y consiguieron revertir los aumentos del precio del
transporte en más de cien ciudades, una nueva juventud sigue en las calles demandando
el derecho a la ciudad y la democratización de la vida urbana, lo que pasa por
acotar la especulación y las grandes obras que demandan eventos como el Mundial
de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016 en Rio de Janeiro.
Aún es pronto para saber si este ciclo incipiente se
consolidará. Menos aún para detectar los rumbos que irá tomando. Lo cierto es
que apunta contra las facetas más depredadoras del modelo extractivo, tanto en
las áreas rurales como en las urbanas, y parece destinado a profundizar los cambios
iniciados hace más de una década.